Consumidores

En el resto de Europa, la libre competencia (esa en la que las compañías no pactan las subidas de precios) permite a los consumidores ahorrar muchísimo dinero en telefonía móvil, fija e internet. Cuando estuve en Londres alucinaba porque los amigos con los que nos alojábamos pagaban menos de treinta euros al mes por una tarifa plana de teléfono y adsl que les permitía llamar casi gratuitamente. Aquí la picaresca española sigue imperando sobre los derechos de los consumidores. Ayer fue mi llamada número veinte al servicio técnico de Acer, el que decidió quedarse con el cargador de mi portátil tras una avería hace más de dos meses. He tenido que comprarme un cargador que me costó 77 euros porque han decidido que el mío se lo quedan ellos, vaya usted a saber por qué. Ayer, en mi última llamada, estaba tan cabreada que le pedí a la lerda de la operadora que no tiene culpa de trabajar en esa empresa de mierda que me diese su nombre y su DNI. Colgó el teléfono. Es ilegal, tiene la obligación de facilitarme esos datos. Es la tercera que me cuelga cuando le pido su nombre. Menos mal que uno, más listo y espabilado, antes de colgar me dio un consejo: "Nunca vuelvas a comprar un portátil en Miró, compra en El Corte Inglés, tenemos un convenio con ellos y no podemos tardar más de 15 días en solucionar los problemas del cliente". Tomo nota. Pero, mientras me hago rica y puedo cambiar de portátil no puedo reclamar a nadie, porque no me pasan con ningún supervisor ni con el departamento legal. Así que en Consumo me han dicho que vaya al juzgado directamente, a poner un requerimiento. Es la única salida que tiene un consumidor español. Lo mismo pasa con la telefonía móvil, que ahora ha pactado una subida y al Gobierno no le parece raro que todas las compañías suban exactamente lo mismo y por idénticos servicios. Lo dije antes y lo repito ahora: para jodernos más la vida no nos hacía falta una ley de protección al consumidor.